LA COMPRA PÚBLICA.  UNA DEUDA CON LA SOCIEDAD

Albert Einstein decía “Una crisis puede ser una gran bendición para cualquier persona o nación, porque todas las crisis traen progreso. La creatividad nace de la angustia, así como el día nace de la noche oscura”.

Esta podría ser una oportunidad para que parte de esa creatividad se aplique a la compra pública, hasta ahora sumergida en un letargo de años que ni las nuevas normas, ni los avances tecnológicos, pueden lograr modificar la inercia de su ineficiencia y su ineficacia repetitiva, a través de los continuos fracasos que se magnifican en situaciones donde mas debe mostrar estas características.

En la gestión del Estado estas situaciones ocurren a diario. Los resultados no trascienden porque son parte de la pesada burocracia estatal, pero son constantes los problemas que se originan en los procesos de compra que derivan en el mal uso que se hace de los recursos.

Todo esto no es culpa solo de la corrupción, el mayor problema es que nunca fue considerada una prioridad política.

El sector privado considera a la compra cada vez mas importante, con una incidencia fundamental sobre los costos de producción de las empresas, por lo que la gestión es estratégica y está orientada a los beneficios que se pueden lograr para ser más competitivos y mejorar la rentabilidad trabajando incluso, en forma conjunta con los proveedores.

En el sector público por el contrario, no es un tema de agenda, a pesar de su protagonismo para cumplir con objetivos mas importantes y estratégicos, como lograr una compra eficiente y profesional con mucho foco hoy, además, en políticas sociales, sustentabilidad, generación de empleo e igualdad de género.

En la práctica, las normas, sistemas y enunciados van por un camino y la realidad de los hechos por otro. Esto se comprueba con los precios que paga el Estado, la malas programaciones, la cantidad de licitaciones fracasadas y las demoras injustificadas en los procesos, las compras sustentables cuyos resultados son paupérrimos, la ayuda a las PYME que en la práctica no ocurre, los beneficios al compre nacional con procedimientos complicados y confusos que los proveedores no entienden y los funcionarios que gestionan desconocen, los beneficios destinados al empoderamiento de la mujer que no pasan de meros enunciados.

Así se podrían seguir enumerando todos los objetivos incluidos en las normas, que luego dan origen a seminarios, talleres y otros eventos, pero que nunca muestran impactos importantes en la práctica.

En términos presupuestarios se analiza o discute las asignaciones a cada sector, especialmente a los mas sensibles, como salud, educación, seguridad, pero no se evalúa si los resultados, luego de la ejecución, estuvieron acordes con dichas asignaciones.

Las consecuencias de estas situaciones en algunos casos no son menores, ya que afectan áreas críticas como la falta de medicamentos, o la falta de alimentos a sectores carenciados como ocurre en estos momentos.

Lo lamentable desde el punto de vista político es que, decisiones acertadas, se ven constantemente empañados por la mala ejecución.

La pregunta es si es posible revertir este panorama y la respuesta es si, pero si se reconoce que la compra pública es una política de Estado. Este proceso puede llevar años. A nivel mundial es también un tema controvertido, pero es imprescindible iniciar el camino.  En la región, la situación es bastante similar, pero hay países donde se ha trabajado y se ha avanzado mas, aún descontando el marketing con que se promociona.

En la Unión Europea el comportamiento de los países ha sido dispar, y esto ha llevado a que las normas más recientes sobre el tema sean más rigurosas imponiendo obligatoriedad a acciones que inicialmente no lo eran para acelerar su implementación.

El Banco Mundial, en un documento del año 2017, (BENCHMARKING PUBLIC PROCUREMENT), basado en el análisis de la economía de 180 países, expresa que en materia de compra pública a nivel mundial la información es aún escasa y que no existen estadísticas confiables sobre el tamaño de la contratación pública en las economías de todo el mundo.

Esto da una pauta de que hay que trabajar mucho, pero el comienzo tiene que estar en la comprensión del problema por la clase política, y que se asuma que la compra pública es el motor de todos los planes de gobierno y no un simple trámite  administrativo mas.

Los pequeños avances que se han logrado han sido por ocasionales funcionarios que, conscientes de su importancia, impulsaron algunas medidas mientras duró su gestión.

Con la licencia de mencionar otra frase de Albert Einstein, muy aplicable en este caso, el decía que “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto”.

El cambio debe ser profundo, basado fundamentalmente en una fuerte difusión genuina tanto de las oportunidades como de los medios donde el mercado proveedor pueda acceder con facilidad a estas oportunidades, la capacitación masiva a proveedores sobre como venderle al Estado, la simplificación de procedimientos para que los beneficios a las pequeñas y medianas empresas sean efectivos y una capacitación seria para la formación de compradores profesionales.

Este perfil de compradores es muy escaso en la administración pública, donde la selección de personal no siempre se hace con la rigurosidad que exige el cargo.  

La Oficina Nacional de Contrataciones es el Órgano Rector del Sistema, y dentro de sus funciones están las tareas mencionadas, pero nunca tuvo una estructura acorde para llevarlas a cabo, ni la cantidad de funcionarios idóneos con estabilidad en el cargo necesaria, por lo que hoy es un oficina mas del Estado sin el papel protagónico que debería tener.

El Estado no “dialoga” con el mercado, y sale a comprar desconociendo disponibilidades, alternativas, condiciones, innovaciones, estacionalidades, escasez, usos y costumbres. Es así que se programan productos obsoletos, o cantidades que el mercado no está en condiciones de ofrecer, o se establecen plazos de entrega que tampoco son viables. El mercado desconfía del Estado porque en su experiencia a través del tiempo percibe estas incongruencias como una falta de transparencia.

El cumplimiento de las condiciones de pago es dispar, a pesar de que los sistemas informáticos de la Administración Financiera del Estado están diseñados para que todo gasto tenga su respaldo presupuestario, y por lo tanto la disponibilidad para el pago.

Es necesario “transmitir transparencia” al mercado y esto se logra confeccionando pliegos de condiciones claros y concretos, especificaciones técnicas correctas, precios estimados reales, criterios de evaluación de las ofertas bien definidos, plazos para cotizar acordes con la complejidad de la solicitud y plazos de entrega posibles de cumplir.

Para mejorar la competitividad, y ofrecer más alternativas al mercado para participar, el objetivo a largo plazo debe ser simplificar y unificar la normativa. Hoy a nivel federal el panorama es mas complejo aún, salvo casos aislados de desarrollo, en general tanto a nivel provincial como municipal se puede decir que se trabaja con conceptos de hace por lo menos cincuenta años.

El Estado es el mayor comprador del país, por lo tanto es necesario establecer planes de gobierno que permitan aprovechar el mercado proveedor en toda su magnitud y obtener de él las ventajas que esto representa.